Ante la emergencia climática, y después de idas y
venidas, España por fin fija en una Ley sus objetivos nacionales de reducción
de emisiones de gases de efecto invernadero.
El objetivo final de la ley es que España alcance, a
más tardar en el año 2050 la neutralidad de emisiones, es decir, antes de
llegar a mitad de siglo el país solo emitirá la cantidad de gases de efecto
invernadero (GEI) que sus sumideros puedan absorber, y recoge en un texto
legal, por primera vez, la necesidad de emprender políticas públicas de
adaptación al cambio climático. Todo ello para promover la implantación de un
modelo de desarrollo sostenible que genere empleo decente, articule
instrumentos para atender a los colectivos vulnerables, favorezca ciudades y
pueblos más habitables y saludables, fomente el desarrollo rural y proteja la
biodiversidad.
El texto fija los siguientes objetivos, que solo
podrán ser revisados al alza:
- Determina, por primera vez, que España deberá alcanzar la neutralidad
climática no más tarde de 2050.
-
Antes de mitad de siglo, el sistema eléctrico de España tiene que ser 100%
renovable.
- Para ello, en 2030, las emisiones del conjunto de la economía española
deberán reducirse en al menos un 20% respecto al año 1990. Se trata de un
objetivo coherente con el aumento de ambición que se ha fijado la Comisión
Europea: una reducción en 2030 de entre el 50% y el 55% de las emisiones
respecto a los niveles de 1990.
- Al finalizar la próxima década, como mínimo 35% del consumo final de la
energía deberá ser de origen renovable. En el caso del sistema eléctrico, la
presencia renovable en 2030 deberá ser de al menos un 70%.
- Las medidas de eficiencia energética tendrán que reducir el consumo de
energía primaria en, al menos, un 35%.
Renovables y
eficiencia, palancas de reactivación
La eficiencia energética y la progresiva penetración
de energías renovables en el mix energético español constituyen palancas de
reactivación económica en el corto plazo y, al tiempo, posibilitan la
consolidación de la cadena de valor asociada a su despliegue. Son, además, los
pilares de la descarbonización, ejerciendo una acción tractora sobre el resto
de sectores, al tiempo que mejoran la competitividad empresarial e industrial
gracias a una senda de precios descendente. Permiten, a su vez, empoderar al
ciudadano, situándolo en centro del sistema energético.
El proyecto incorpora medidas para facilitar su
integración, ofreciendo señales claras que otorguen confianza a los inversores.
Entre otras disposiciones, crea la figura del titular de almacenamiento como
sujeto del sistema eléctrico. Con ello, se favorece la implantación y el
desarrollo de estas tecnologías, claves en la gestión de la demanda eléctrica y
la seguridad de suministro en un sistema eléctrico 100% renovable. Se trata,
además, de un segmento industrial en el que Europa, y España, aspiran a
adquirir posiciones de liderazgo.
De igual modo, se instituye la figura del agregador
independiente, que participará en el mercado comprando o vendiendo diferentes
consumos agregados o electricidad generada de consumidores, productores o
instalaciones de almacenamiento. Se trata de un nuevo modelo de negocio que,
además, posibilita al usuario una mayor optimización de su consumo o de la
energía que produce en instalaciones de autoconsumo.
Para favorecer la flexibilidad del sistema, se impulsa
la hibridación, es decir, que se incorporen distintas tecnologías de generación
en una misma instalación, incorporando paneles solares en una planta eólica,
por ejemplo. En estos casos, se podrá evacuar la energía utilizando el mismo
punto de conexión y la capacidad de acceso ya concedida, siempre que se cumpla
con los requisitos técnicos.
Nuevo marco
retributivo para renovables
El nuevo marco retributivo se otorgará mediante
subastas en las que el producto a subastar será la energía eléctrica, la
potencia instalada o una combinación de ambas, y la variable sobre la que se
ofertará será el precio de retribución de dicha energía. Se podrá distinguir
entre distintas tecnologías de generación en función de sus características
técnicas, niveles de gestionabilidad, criterios de localización, madurez
tecnológica y aquellos otros que garanticen la transición hacia una economía
descarbonizada, de acuerdo con la normativa comunitaria.
La
rehabilitación de edificios, clave en la eficiencia energética
En cuanto a la eficiencia energética, las principales
medidas se concentran en el ámbito de la rehabilitación energética de edificios.
Hacia la
movilidad sostenible
El conjunto de las Administraciones Públicas podrán en
marcha medidas que posibiliten en 2050 un parque de turismos y vehículos
comerciales ligeros sin emisiones directas de CO2. Para ello, de acuerdo con la
normativa europea, adoptarán medidas necesarias para que los turismos y
vehículos comerciales ligeros nuevos, excluidos los matriculados como vehículos
históricos, no destinados a usos comerciales, reduzcan paulatinamente sus
emisiones, de modo que no más tarde del año 2040 sean vehículos con emisiones
de 0gCO2/km.
Además, establece que los municipios de más de 50.000
habitantes y los territorios insulares introducirán, en la planificación de
ordenación urbana, medidas de mitigación que permitan reducir las emisiones
derivadas de la movilidad, incluyendo la implantación de zonas de bajas
emisiones no más tarde de 2023; acciones para facilitar los desplazamientos a
pie, en bicicleta u otros medios de transporte activo; y la mejora y fomento
del uso de la red de transporte público. También se deberá impulsar la
movilidad eléctrica compartida y el uso de medios de transporte eléctricos
privados.
Progresiva
implantación de puntos de recarga
Para activar la descarbonización se programa la
instalación progresiva de puntos en las estaciones de servicio con mayor
volumen de venta, que representan en la actualidad el 10% de la red. Por otro
lado, con el fin de conseguir un transporte más limpio en las ciudades, el
Código Técnico de la Edificación (CTE), articulará la instalación de sistemas
de recarga en edificios de nueva construcción, en intervenciones en edificios
existentes y en los edificios de uso distinto al residencial privado que
cuenten con una zona de uso aparcamiento con más de veinte plazas.
Desinversión
en productos energéticos de origen fósil
A partir de la entrada en vigor de la futura ley, no
se otorgarán nuevas autorizaciones de exploración, permisos de investigación o
concesiones de explotación de hidrocarburos en todo el territorio nacional.
Tampoco se autorizará la fracturación hidráulica de alto volumen, el
'fracking'.
Recursos para
la lucha contra el cambio climático
Los ingresos procedentes de las subastas de derechos
de emisión de gases de efecto invernadero también serán empleados para el
cumplimiento de los objetivos en materia de cambio climático. De igual modo, y
como parte de la movilización de recursos hacia la acción climática, se
incorporarán criterios ambientales en la contratación pública, y la
Administración General del Estado no podrá prorrogar contratos de
arrendamientos más allá de 2030 en inmuebles que no tengan consumo de energía
casi nulo.
Construir un
país más seguro y biodiverso
A través del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático
(PNACC), actualmente en información pública, se implementará un sistema de
indicadores para evaluar las políticas públicas y medidas que se adopten en los
diferentes sectores.
Además, se trabajará en la integración de los riesgos
derivados del cambio climático en la planificación y gestión del agua y de la
costa, en las infraestructuras del transporte, en la ordenación del territorio
y de los usos del suelo y en la seguridad alimentaria.
Por último, se prevén medidas para la protección de la
biodiversidad y sus hábitats frente al cambio climático y la elaboración de una
estrategia específica que incluirá las directrices básicas para la adaptación
de los ecosistemas naturales y de las especies silvestres españolas, así como
las líneas básicas de restauración y conservación de los mismos, con especial
referencia a los ecosistemas acuáticos o dependientes del agua y de alta
montaña. La red de espacios protegidos Natura 2000, que en España ocupa cerca
de un 30% de la superficie, también tendrá que evaluarse y responder a los
nuevos escenarios climáticos.
Neutralidad
climática sin dejar a nadie atrás
Cada cinco años, el Gobierno ha de aprobar una
Estrategia de Transición Justa con la participación de las Comunidades
Autónomas y los agentes sociales. En su marco, se desarrollarán los convenios
de transición justa en cada zona, con el objeto fomentar la actividad económica
y la empleabilidad en el territorio, especialmente, en casos de cierre o
reconversión de instalaciones.
Educación y
capacitación frente al cambio climático
El sistema educativo español reforzará el conocimiento
sobre este desafío global y las capacitaciones para actividades técnicas y
profesionales de la economía baja en carbono y resiliente.
Reforzar la
gobernanza climática
Creación de un Comité de Expertos de cambio climático
y transición energética, de carácter independiente, responsable de evaluar y
hacer recomendaciones sobre las políticas y medidas de energía y cambio
climático, incluidas las normativas.
