Europa obligará a las empresas a incorporar la debida diligencia corporativa en sus cadenas de suministro

 

En la pasada primavera el Parlamento Europeo aprobaba la resolución en relación a los deberes y la responsabilidad corporativa de las empresas presentes en el mercado europeo. Esta resolución insta a que la Comisión Europea desarrolle las herramientas necesarias para que los diferentes estados de la Unión obliguen a sus respectivas empresas a velar por los derechos humanos y medioambientales de sus prácticas empresariales. Se prevé que la aprobación de la Directiva Europea se realice el próximo otoño.

¿Qué garantizará esta nueva Directiva?

Su  cumplimiento deberá garantizar no solo las prácticas que realizan de manera directa y a través de sus filiales, sino también a lo largo de sus respectivas cadenas de suministros.

En el caso de incumplimiento por parte de las empresas, el texto aprobado ya anuncia que los Estados tendrán asimismo la facultad para interponer todas aquellas sanciones necesarias que estimen para garantizar su aplicación. Un capítulo en el que ya se prevén desde sanciones económicas en base al volumen de negocio de las empresas, hasta su exclusión para la contratación pública o su acceso a las ayudas estatales, así como incluso la incautación de mercancías y productos.

 

 

De obligado cumplimiento para las empresas europeas y de terceros países

Desde el Parlamento Europeo se señala que el futuro marco europeo obligatorio de responsabilidad corporativa de las empresas sobre su cadena de valor, se aplicará sobre todas aquellas grandes, pequeñas y medianas empresas europeas o establecidas en el territorio de la Unión que coticen en bolsa o sean calificadas de alto riesgo. Así como a las mismas compañías que se rijan por la legislación de un tercer país y no se encuentren establecidas en el territorio de la Unión, pero que operen en el mercado interior vendiendo bienes o prestando servicios.

Desarrollo de una estrategia de diligencia debida

Según la directiva propuesta, los Estados deberán desarrollar las normas necesarias para garantizar que las empresas identifiquen y evalúen, de manera proactiva —y disponiendo para ello de todos sus recursos a su alcance— los posibles riesgos, potenciales o reales, que existan para los derechos humanos, el medio ambiente o la buena gobernanza en sus actividades y relaciones comerciales. Para lo que las compañías establecerán y aplicarán una estrategia de diligencia debida, salvo que estimen —y así lo certifiquen— que no causan ni están directamente contribuyendo a ningún efecto adverso sobre los derechos humanos o el medio ambiente.